Últimamente, el sistema de derechos parece haber permutado su función de proteger la vida a cambio de la habilitación de mercados. La educación, entonces, ha caído en una trampa semántica y administrativa. Bajo la etiqueta de "servicio público", los Estados ejecutan una maniobra de expropiación biológica, transformando el oficio natural de los padres de educar a sus hijos en una estructura de escolarización al servicio de fines ajenos. Como defensores de la vida humana por encima de la norma, es imperativo entender que la educación no es una concesión del sistema, sino una función orgánica preexistente a cualquier arquitectura jurídica.
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Cuando la Ley habilita los mercados.
En el Uruguay contemporáneo, nos enorgullecemos de una vanguardia legislativa que parece abrazar la autonomía individual con un celo envidiable. Sin embargo, tras el lente de la progresividad del derecho, se esconde una trama donde la vida humana corre el riesgo de ser desplazada por el interés tecnológico y el lucro incesante. Como defensores de la vida por encima de cualquier construcción jurídica de satisfacción, considero urgente detenernos a reflexionar: ¿estamos conquistando libertades o estamos pavimentando la infraestructura de un Estado de Derecho que habilita mercados corporativos?
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