Por Eloísa Troya
El conflicto empezó, como empiezan casi todos los conflictos entre el Estado y las familias, con una sospecha administrativa. El CODICEN entendió que un grupo de niños y adolescentes vinculados a una comunidad educativa de Florida no cumplía con la obligatoriedad de la enseñanza, porque no asistía a una escuela uruguaya tradicional. Y la respuesta, como siempre, fue judicial: pedirle a la Justicia que obligara a los padres a inscribir a sus hijos en una institución habilitada por ANEP.
En la pieza correspondiente a las niñas Maciel Rossi, esa pretensión se volvió todavía más concreta. ANEP pidió que las niñas fueran incorporadas al sistema educativo formal dentro de un plazo de diez días.
Formulado así, el problema parece sencillo: si las niñas no estaban inscriptas en una institución del sistema nacional, correspondía ordenar su escolarización. Pero el expediente contaba otra historia, más paciente y más real que cualquier titular.
